Aragón exige el Fondo para Teruel sin mermas y las ayudas del Miner o que se aprueben planes compensatorios
El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del PSOE en la que se exige al Estado la dotación de los fondos del Plan Miner, ante el anuncio de su paralización o, en caso contrario, que se establezcan medidas compensatorias para que las comarcas turolenses reciban las cuantías que este plan fijaba.
Además, en la iniciativa se ha incluido un segundo punto, en este caso en virtud de una enmienda del PAR, en la que se pide que la fijación con carácter trimestral de las cantidades de carbón autóctono a adquirir por los titulares de las centrales para cada central "no implique ningún tipo de cambio a la baja, y por tanto inseguridad, para las centrales térmicas aragonesas".
En la exposición de motivos de la iniciativa, el PSOE recuerda que el Gobierno de España, en una decisión del 30 de diciembre de 2011, decidió eliminar la financiación de estas infraestructuras en compensación por el cese de la actividad minera, y lo achacó a la necesidad de adoptar medidas urgentes para corregir el déficit público.
Esta decisión, según el socialista Javier Sada, implica que sobre la provincia de Teruel "se ciernen oscuros nubarrones" puesto que el futuro de este territorio "pasa por mantener las explotaciones del carbón y la generación de energía y que se mantengan los fondos para financiar infraestructuras".
El diputado del PP Fernando Galve, por su parte, ha dicho que el compromiso del gobierno de Mariano Rajoy es "total" con la provincia y con la minería y ha asegurado que "no es cierto" que el plan Miner haya desaparecido.
El Pleno de las Cortes también ha aprobado hoy por unanimidad una proposición no de ley de IU en la que se exige al Gobierno que negocie con el Ejecutivo central una prórroga del Fondo de Inversiones de Teruel sin reducción de la dotación económica establecida en estos últimos años, fijada en 60 millones de euros al año por ambas administraciones.
La iniciativa, defendida por el diputado de IU Luis Ángel Romero, tenía un segundo punto, que no ha salido adelante por el rechazo de PP y PAR, en el que se pedía la elaboración de un reglamento de funcionamiento para analizar "con mayor rigor" las inversiones públicas a ejecutar y las ayudas o subvenciones que habría que destinar a la iniciativa privada, primando la creación de empleo y la fijación de población.
