El PP apoya la regularización fiscal y el PAR pide lo que corresponda a Aragón
El pleno de las Cortes ha rechazado hoy dos iniciativas en las que CHA e IU denunciaban el proceso de regularización fiscal para capitales evadidos, y a las que no se ha incorporado una enmienda en la que el PAR pedía al gobierno que negociara la cesión a Aragón de la parte proporcional que correspondiera al fraude fiscal sobre los impuestos cedidos.
El diputado de CHA José Luis Soro y el portavoz de IU, Adolfo Barrena, han defendido la iniciativa de su grupo, en la que se rechazaba la "amnistía fiscal" para los defraudadores establecida por el gobierno central, e instaban al autonómico a pedir su derogación.
Soro ha manifestado que esta amnistía "pisotea" y "se burla" de la Constitución Española y es "insultante" para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales sabiendo que a quienes han estado defraudando "se les perdona" todo en nombre de conseguir el objetivo del déficit.
Además, ha indicado que este proceso es reconocer "el fracaso de la inspección tributaria" y se lanza el mensaje de que "quien paga los impuestos, es tonto".
Y Barrena ha añadido que lo que se hace con este proceso es "premiar a quien defrauda" pero, además, permite el blanqueo de grandes cantidades de dinero que "no se pregunta de dónde sale", con el riesgo de que procedan de actividades delictivas.
La medida, explica IU en su exposición de motivos, posibilita a empresas y particulares que hayan defraudado a Hacienda, "o que tengan necesidad de blanquear dinero", que lo hagan "sin sufrir sanciones y pagando simplemente el 10 por ciento del importe defraudado o blanqueado", un importe "claramente inferior a la que han dejado de pagar".
También la socialista Ana Fernández ha rechazado la medida, que beneficiará, a su juicio, a las grandes empresas, que generan el 71 por ciento del fraude fiscal que se estima se produce en España al año.
Por eso, ha dicho que sería más efectivo, en lugar de una medida "no ejemplarizante como ésta", aumentar los recursos destinados a la inspección fiscal.
Por el PP, Jorge Garasa ha negado que se trate de una amnistía, sino de una "declaración tributaria especial asociada a los impuestos", ha dicho que "no es un cheque en blanco" y ha añadido que para acogerse a la medida es necesario justificar la actividad económica de la que proceden en el país de origen.
La regularización, ha enfatizado Garasa, "puede no ser equitativa", pero ha evitado "tener que subir el IVA" y, además, otro de sus efectos positivos será que "aflorarán importantes cantidades necesarias para la reactivación del país".
Antonio Ruspira (PAR) también ha dicho que esta amnistía fiscal "no gusta" al Partido Aragonés y no es "eficaz", porque los únicos beneficiarios por ella serán la administración general del estado, que recaudará 2.500 millones de euros, los propios defraudadores y las entidades bancarias, a las que llegarán en torno a 22.000 millones de euros.
Por eso, aunque no ha apoyado las iniciativas de rechazo porque suponen un "brindis al sol" ante "hechos consumados", el PAR no quiere un proceso de regulación, sino que se luche contra el fraude y, si definitivamente se pone en marcha, que el gobierno central transfiera a Aragón la parte proporcional.
